Han pasado treinta y dos años desde el terremoto de 1985, el evento catastrófico que más vidas se ha llevado en los últimos cien años de historia de la Ciudad de México. Aquel evento dejó más de 400 edificios destruidos, poco más de cien mil personas sin hogar y cerca de diez mil muertos según cifras oficiales. No hay duda en lo siguiente: el suelo de la CDMX es altamente propenso a sismos. El día 19 de septiembre de 2017, el suelo nuevamente ocasionó grandes daños, pero mucho menor al sismo del 85. En este caso, 38 edificios colapsaron sólo en la CDMX, sin considerar los daños de otras entidades del país. De los que se derrumbaron, el 97% se construyó antes del terremoto de 1985; es desencadenó la última revisión importante del código de construcción en la CDMX (1988). Un código, por cierto, que en papel es tan estricto como el código sísmico de California. ¿Qué nos demuestra esto?
Los eventos de 2017 ofrecen una oportunidad invaluable para una revisión en la normativa que procura reducir el riesgo de construir en una zona sísmica como la CDMX. Cinna Lomnitz, extraordinario sismólogo, entre otros expertos, ha venido advirtiendo del gran riesgo que existe en el suelo del valle de México ante los sismos. Explicó sus razones en un pequeño ensayo de título El próximo desastre sísmico de la Ciudad de México, en un ya lejano 2005.
En los últimos 30 años, la ciudad de México creció en propiedades residenciales y de oficinas de forma vertical por medio de políticas de densificación –el famoso bando 2 entre otras, cuyo argumento principal consistía en detener el crecimiento desmedido de la mancha urbana. Esto inicio una densificación –justamente en la tierra de la cama-lago en el centro de la ciudad y en el borde de la condición del suelo de mezcla (borde del lago o transición). El ritmo de crecimiento fue tremendamente acelerado: en solo una década se edificaron cerca de 1.6 millones de metros cuadrados de oficinas y cientos de espacios comerciales y hogares (Santa Fe demoró casi 20 años en llegar al millón de metros cuadrados construidos según un informe de Softec).
Es aquí donde la norma –en papel excelente pero en la práctica no cubre a más del 80% de las edificaciones en estas zonas de riesgo. El auge de los nuevos edificios mostró los desafíos para las autoridades y quienes integran el negocio inmobiliario, primero frente a la reconstrucción (desde 1985) y, posteriormente, ante el boom de construcción entre 1995 y 2010. Por un lado, debido a su tamaño, la mayoría de los proyectos verticales –construcciones de 15 o más niveles, siguieron estrictas pautas de construcción, sofisticados sistemas de cimentación mediante pilotes de control entre otros, y poseen cobertura de seguro habilitada. Las torres más recientes en el Paseo de la Reforma fueron diseñadas y construidas bajo esta estricta normativa, siempre guiada por inversionistas de gran porte y requerimientos de las aseguradoras ante el alto riesgo sísmico de CDMX.
Por el otro lado, todas las edificaciones de menos de 15 niveles edificadas posteriormente al 85 en teoría debían haber seguido la estricta normativa de diseño, calidad de construcción y supervisión de obra. Pero el mayor riesgo (en términos de edificaciones totales) se concentra en los edificios de menor altura; todos aquellos que sobrevivieron al sismo de 1985, ubicados en las zonas de lago y transición, pero que nunca fueron inspeccionados para satisfacer los nuevos códigos de construcción. La solución debió de haber sido una estricta normativa de refuerzo y retrofit en una gran cantidad de edificaciones mediante un mecanismo de fondeo público. Esto nunca sucedió. En parte debido a la misma ausencia de fondos públicos y en parte porque los pequeños propietarios nunca entendieron el grado de riesgo que enfrentaban sus edificios sin refuerzo alguno. Esto revela que los daños materiales ocasionados el pasado 19 de septiembre se gestaron por dos temas clave: una falta de acompañamiento riguroso y transparente en el proceso para hacer cumplir los nuevos códigos –post 1985 en aquellas edificaciones construidas antes de ese año y localizadas en las zonas de alto riesgo sísmico y; la inexistencia de un marco legal, transparente, para obligar a los dueños de los edificios –principalmente de vivienda, para co-financiar los trabajos de refuerzos necesarios.
Casi el 99% de los nuevos edificios, de más de 10 pisos construidos después de 1985, se han construido con tecnologías que consideran los cambios en los coeficientes de comportamiento sísmico de cimientos, pilotes, amortiguadores, paredes y diseños que requieren cálculos sofisticados de ingenieros mexicanos experimentados. El reto significativo es para las edificaciones existentes de menor altura y cuya construcción precede a 1985 - ahora que se conoce públicamente aquellas áreas de alto riesgo sísmico. Es decir, las construcciones en riesgo, de ahora en adelante son sólo la mal construida y la asentada sobre la zona lacustre.
¿Ante esto que han hecho las autoridades? En realidad poco si lo que se pretende es omitir los dos temas clave ya mencionados. Por un lado, se anuncia una comisión para la reconstrucción que hasta ahora no tiene un líder –lo cual dice mucho de la falta de contenido en la famosa ley para la reconstrucción; y por el otro, se habla y se discute en varias organizaciones civiles, de que lo necesario es un plan de recuperación resiliente en donde fundamentalmente se busca evaluar el valor de la demolición en contraste con un amplio programa de retrofit. Esto último, puede en papel ser una buena idea si se toman en cuenta varios aspectos más allá del proyecto mismo de reconstrucción –o apuntalamiento como por ahí lo llaman. Clave resulta que la sociedad civil pueda estar involucrada para evitar las grandes irregularidades que este evento puso en evidencia.
El tamaño considerablemente menor de la destrucción del sismo de 2017, debe mucho a las regulaciones posteriores al de 1985. Hay que mirar de frente la catástrofe sísmica del 2017 no sólo con valor y solidaridad, también con rigor científico, mejores códigos de construcción y protocolos más estrictos de protección civil. No sólo hay que recoger los escombros, hay que estudiarlos, entender sus causas, corregir sus errores.
Termino con dos sugerencias que podrían encaminar un plan hacia la resiliencia. Primero, que el sistema de verificación de inspecciones de SEDUVI sea estructurado en una plataforma Blockchain, en donde la validez del proceso -y de los datos, sólo sea corroborada por una mayoría y no solo por una fuente única de información; segundo, que el proceso de diagnóstico para las edificaciones involucre a la población afectada directa mediante una consulta transparente vía plataformas no-gubernamentales; y tercero, el pensar un plan que contemple revisar la vulnerabilidad del sistema hídrico en CDMX ante sismo ya que, como se ha demostrado en Iztapalapa, la reconstrucción comienza con el re-abastecimiento de este líquido vital.
* Pablo Lazo es Director Asociado de la firma de ingeniería y consultoría, Arup. Divide su vida y actividad profesional entre Los Angeles y CDMX. Es arquitecto y Urbanista con maestría en la AA de Londres, Inglaterra, especialista en proyectos urbanos y resiliencia urbana.
